Fraude a Programas de Asistencia Pública

En California existen programas sociales que son iniciativas del gobierno desarrolladas con el fin de brindar una mejor calidad de vida a la sociedad a través del otorgamiento de diversos tipos de contribuciones, no obstante los candidatos a dichos beneficios deben cumplir ciertos requerimientos establecidos a nivel legal.

Cuando un individuo que busca obtener un beneficio de algún programa social gubernamental, manifiesta información falsa o miente para obtenerlo puesto que en realidad no posee derecho a ello se prevé que el mismo incurrió en una conducta tipificada como delito por el código de Bienestar e instituciones de California en la sección 10980.

Por otro lado esta normativa legal es aplicable tanto cuando se perpetra un fraude en contra de un destinatario, es decir cuando un individuo ofrece información falsa con respecto bien sea a sus ingresos, necesidades primordiales u omite declarar información importante, así como cuando se comete un fraude a nivel interno, es decir cuando es un empleado de algún ente gubernamental encargado de otorgar dichos beneficios asigna un programa social a un sujeto que realmente no es elegible, siempre y cuando tenga conocimiento de dicha situación.

En resumen, un fraude en contra de un programa social gubernamental puede perpetrarse de diversas maneras, solo basta con el hecho de engañar al Estado para que brinde un beneficio social a un sujeto que no lo merece lo merece de acuerdo a los requerimientos de la ley.

Quizás una situación de esta índole pueda parecerle algo irrelevante, pero es todo lo contrario, ya que ser acusado y posteriormente declarado culpable por defraudar un programa de asistencia de carácter público es una circunstancia rigurosamente penada por las leyes que puede causar que un sujeto sea encarcelado, condenado al pago de elevadas multas, e incluso puede ser restringido de percibir beneficios futuros otorgados por programas de esta índole.

Si fue señalado como el supuesto perpetrador de un Fraude a Programas de Asistencia Pública en Los Angeles, CA, se ha iniciado una investigación en su contra, o teme ser acusado por este delito, lo mejor que puede hacer es tomar las previsiones necesarias y contratar a un abogado penalista de la firma Los Angeles Criminal Lawyer, donde podrá ubicar la mejor asistencia legal ofrecida por un experto que se dedique puntualmente a estudiar su caso indicando las posibles alternativas de solución que hay para el mismo así como las consecuencias que conlleva cada una, pero siempre buscando que sea favorecido por el Juez , recuerde que no hay tranquilidad más grande que dejar los problemas legales en manos de un profesional y más aún cuando se trata de uno que cuenta con varios años de trayectoria y un récord inigualable de casos ganados.

¿Qué es defraudar a algún programa de la asistencia pública?

Es una conducta criminal clasificada como delito de fraude cuyo fundamento jurídico está asentado en el segmento 10980 WIC, que estipula que toda persona que adrede y con conocimiento y movido por la pretensión de defraudar, presente una declaración falsa u omita manifestar información para acceder a un beneficio, seguirlo obteniendo o recibir una suma mayor a la pertinente por parte de algún programa de ayuda social perteneciente al Estado sin tener realmente el derecho de optar a ello es responsable legalmente por la ejecución de un delito.

En resumen todo individuo que lleve a cabo una conducta engañosa con la pretensión de acceder de forma indebida a un beneficio otorgado por un programa de bienestar social gubernamental debe ser castigado penalmente de acuerdo a la ley.

Ahora bien es necesario aclarar que un programa que ofrece bienestar social es aquel dirigido a personas que cuentan con bajos recursos a nivel económico o que actualmente se encuentran subempleadas o desempleadas.

Son ejemplos de este delito:

• Un individuo que presente una declaración falsa con respecto a sus ingresos o necesidades financieras, cuando completa los formularios exigidos.
• No renovar los cambios en cuanto a los ingresos o necesidades financieras, una vez recibido un programa de bienestar social, si luego se obtuvo un empleo mejor remunerado.
• Una mujer que está casada y vive con su esposo, pero manifiesta vivir sola para no incluir los ingresos de su cónyuge en el formulario requerido.

¿Cuáles programas de asistencia social existen hoy en día en California?

Existen varios programas creados con por el Estado con el objeto de ofrecer una mejor calidad de vida a las personas, entre los cuales destacan:

Según el ordenamiento jurídico quien solicite asistencia social, manifestando información falsa u omitiendo información importante con la pretensión de obtener ayuda de los mencionados entes, a los que no posee derecho, debe ser procesado por un delito de fraude.

¿Cuáles conductas pueden ser calificadas como una violación a la normativa 10980 WIC?

Como ya se mencionó todo acto a través del cual una persona proporciona una información falsa u omite una información importante cuando solicita un programa público de ayuda social, con el fin de acceder al mismo dado que de otra manera no podría obtenerlo (por no tener derecho) es considerado un fraude.

No obstante se considera que un individuo viola la ley en tal sentido, cuando:

• Manifiesta información de forma incorrecta y adrede u omite ofrecer información significativa para obtener acceso, mantener o elevar un beneficio social percibido.
• Solicita programas de bienestar público bajo diferentes denominaciones o presenta variadas solicitudes para obtener variados beneficios.
• Emplea, transfiere, recibe, compra, vende, altera, posee o falsifica autorizaciones para percibir vales de alimentación o vales reales de alimentos.

¿Cómo están clasificados los fraudes contra programas de bienestar público?

Este tipo de fraude puede ser de dos tipos, los cuales se señalan a continuación:

Observaciones: Frecuentemente cuando un individuo es acusado por un fraude interno a la asistencia pública, es acusado a la vez por otra variedad de delitos como lo es la malversación de fondos.

¿Cómo se desenlaza una investigación fundada en una violación a la normativa 10980 WIC?

Las agencias fiscales locales de California se ocupan de recoger las denuncias fundadas en fraude contra programas públicos de ayuda social  través de diversos canales, como es el caso de los portales web, líneas telefónicas, agencias locales competentes para supervisar el desembolso de tales ayudas y cualquier sucursal que suponga la viable ejecución de un delito de fraude de esta naturaleza.

Seguidamente los investigadores pertinentes establecerán comunicación con los receptores de tales programas con el fin de formular preguntas en concordancia al beneficio obtenido así como sobre la información ofrecida con el objetivo de acceder a esta.

Además los investigadores están en potestad de ubicar a los individuos cercanos al beneficiario sobre el cual pesa una acusación por fraude, como lo son: su grupo de amigos, los integrantes de su núcleo familiar, compañeros laborales o vecinos para obtener información necesaria que pueda emplearse como prueba a efectos de declarar con lugar o desestimar las acusaciones.

En relación este segmento se hace importante mencionar, que normalmente las visitas que hacen los investigadores a las viviendas sin previa notificación, al igual que las reuniones pautadas con los testigos con frecuencia reflejan circunstancias adicionales relacionadas con otros delitos, tales como:

• Abuso infantil.
• Abuso de ancianos.
• Violencia doméstica.
• Medios probatorios vinculados con delitos de drogas.

Lo que conlleva como consecuencia derivada a la intervención de cualquier otro programa pertinente, tales como  aquellos que buscan proteger a los niños, ancianos, brindar apoyo familiar entre otros.

Cuando el investigador recauda la información requerida, debe llevarla ante el fiscal de distrito que esté la evalúe y decida si esta debe ser encausada penalmente o no. Ahora bien, si se decide que dicha información es prueba suficiente para iniciar un proceso judicial el fiscal debe presentar cargos a nivel penal. Por otro lado, si el fiscal estima que la información es vaga puede encomendar al investigador pertinente para que compile más información, puede desechar el caso debido a falta de pruebas o remitir a un programa especial sobre desviación de fraudes.

¿Qué penas está en capacidad de dictar un Juez con el objeto de condenar a aquel individuo que cometa este delito?

Existen varias penas disponibles para sancionar a quien defraude a un programa de beneficencia pública, cuya selección se va a desprender del tipo de conducta en que incurra el acusado.

Existen circunstancias donde el imputado será procesado por un delito tipificado como menor, grave o como wobbler, lo que implica que un fiscal puede presentar cargos por algún delito menor o grave previa evaluación del caso, las consecuencias que provocó y los expedientes criminales del acusado.

• En el escenario de que se impute al acusado por pronunciar una declaración fraudulenta con el fin de recibir un beneficio, se considerará que este incurrió en un delito calificado como menor, que puede castigarse con encarcelamiento por un máximo de 6 meses y el desembolso de hasta quinientos dólares
• Si el imputado es procesado por presentar una petición engañosa basada en la presentación de varias solicitudes para un mismo individuo, en la solicitud de una ayuda para individuos que no existen o en la solicitud de una ayuda utilizando una identidad ficticia el delito será catalogado como wobbler, por lo tanto si finalmente es procesado como algún delito menor puede ser penado con encarcelamiento de máximo 1 año y el desembolso de hasta mil dólares, en cambio como delito grave se puede ordenar un encarcelamiento de 16 meses, dos o tres años en una prisión del condado y el desembolso de hasta cinco mil dólares
• Por otro lado si el imputado es procesado por retener o acceder a ayudas de forma engañosa, el delito recibirá la calificación de menor siempre y cuando el importe de dicha ayuda no exceda los novecientos cincuenta a dólares y conlleva a una pena de encarcelamiento de máximo seis meses y el desembolso de hasta quinientos dólares. Ahora bien, si el importe total de la ayuda obtenida o retenida de manera fraudulenta rebasa el valor de novecientos cincuenta dólares puede dictarse una pena de encarcelamiento de 16 meses, dos o tres años en una prisión del condado y el desembolso de 5.000 dólares como máximo.
• En el suceso de que el imputado sea procesado por perpetrar un fraude en contra de un programa de asistencia pública el cual esté vinculado con cupones alimenticios, o en caso de que forme parte de conductas vinculadas con autorizaciones que estén en banco y que no estén autorizadas para integrar algún programa de cupones alimenticios este debe ser enjuiciado por cometer un delito grave , situación que conlleva a una pena de encarcelamiento de 16 meses, dos o tres años en una prisión del condado y el desembolso de hasta cinco mil dólares. Pero el delito puede ser catalogado como wobbler cuando el imputado use, ceda, venda, posea o compre cupones alimenticios, autorizaciones para cupones alimenticios ilícitos o ayudas traspasadas de forma electrónica, lo que significa que si el importe total de la ayuda no excede los novecientos cincuenta dólares el delito será menor y puede imponerse el encarcelamiento por hasta seis meses y el desembolso de hasta 500 dólares, pero si el importe total de la ayuda excede el valor de novecientos cincuenta dólares, se califica el delito como grave y puede imponerse encarcelamiento por 16 meses, dos o tres años en una prisión del condado y el desembolso de hasta cinco mil dólares.
• Por último se debe considerar que en el caso hipotético de que el imputado admita su culpabilidad en cuanto a un fraude perpetrado contra un programa de bienestar público vinculado con beneficios transferidos de forma electrónica, aunada a la sentencia pertinente, este debe dar cumplimiento a una condena de encarcelamiento anexa y sucesiva de 1 (un) año en el supuesto de que el monto que se transfirió supere la suma de cincuenta mil dólares, será de 2 (dos) años si el monto que se transfirió supera la suma de ciento cincuenta mil dólares, de 3 (tres) años en el escenario de que el monto que se transfirió sobrepase un millón de dólares y de 4 (cuatro) años en caso de que el monto transferido sea superior a dos y medio millones de dólares.

¿Existen consecuencias adicionales por incurrir en un fraude de esta naturaleza?

Además de las sanciones penales un individuo condenado por defraudar un programa de ayuda pública, deberá afrontar las siguientes consecuencias:

• Disciplina profesional, esto implica que en el supuesto de que posea una licencia de carácter estatal dado que las sentencias penales pueden repercutir sobre una licencia profesional, sobre todo si el delito es catalogado como de vileza moral.
• Deportación del condenado o su declaración como inadmisible en el País en el supuesto de que se trate de un inmigrante, independiente de que su estadía en los EEUU sea lícita o no.
• Invalidación del individuo condenado para obtener beneficios públicos de ayuda social a futuro.

¿Puede un individuo restituir los beneficios obtenidos mediante un fraude como alternativa a una condena penal?

Si, pero esto va a depender de la situación, puesto que devolver la el importe total de la ayuda obtenida fraudulentamente para evitar una condena penal, es una alternativa que no siempre está disponible.

Algunos condados, como por ejemplo San Diego, San Francisco y Fresno suelen brindar programas de desviación de fraudes de bienestar social los cuales varían, pero de forma general aprueban que un individuo que posea un expediente penal irrelevante o que no posean y que además no hayan privado a un condado de una suma muy elevada de dinero puedan devolver la sum de dinero con la condición de que se desestimen los cargos formulados por fraude.

En este proceso el imputado debe aceptar su culpabilidad en cuanto a los cargos presentados y en el supuesto de que finalice con éxito el programa de desviación impuesto y regrese el dinero obtenido ilegalmente la Corte desechara los cargos, pero en el escenario contrario la Corte dictará una sentencia condenatoria.

Ahora bien, si el fiscal manifiesta su oposición en cuanto a que el imputado regrese el dinero como medida de desvió de sentencia, este aún puede ejecutar dicho acto tratando de persuadir al Juez para que imponga una sentencia reducida.

¿Cuáles alegatos de defensas están disponibles para estos casos?

Cuando un sujeto se entera de que fue acusado por ejecutar un fraude inmediatamente se imagina tras las rejas o cumpliendo o sin fin de sanciones penales, sin embargo este es el momento preciso para buscar asistencia legal, es decir desde el inicio del proceso para que si el abogado defensor tenga más tiempo para formular su defensa y por ende la misma sea más sólida y logre desvirtuar los cargos presentados o convencer al Juez de que reduzca la sentencia.

Sin duda, la defensa es la clave para obtener resultados favorables en un juicio y que esta esté en manos de un experto con amplios conocimientos a nivel tanto teórico como práctico puede marcar la diferencia.

En cambio, el supuesto de que un individuo intente defenderse por sí mismo solo logrará empeorar su situación legal si este no posee conocimientos en la materia, puesto que es probable que incurra en errores de procedimiento que le impidan obtener resultados favorables

Alguno de los alegatos más utilizados para enfrentar cargos de esta naturaleza son:

• La intención del imputado no era defraudar.
• EL imputado fue víctima de una falsa acusación.
• Insuficiencia probatoria.

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